El expresidente Álvaro Uribe permanece a la espera de que se concrete su orden de libertad, según decidió una jueza de Bogotá, al tiempo que seguirá vinculado al proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Uribe, en detención domiciliaria en su hacienda de "El Ubérrimo", en Córdoba, tenía previsto dar una declaración este domingo sobre el levantamiento de esa medida pero a última hora la canceló.

El sábado, en una audiencia virtual, la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, otorgó la libertad a Uribe, fundador del partido Centro Democrático y mentor del actual presidente colombiano, Iván Duque.

Sin embargo, el expresidente no ha recibido aún la boleta de libertad que le permitirá retomar sus actividades más allá de la finca en la que ha permanecido los últimos 68 días.

El caso por supuesta manipulación de testigos que lo privó de la libertad estos meses es el que más ha avanzado y también el menos grave entre las numerosas investigaciones que Uribe enfrenta en la justicia colombiana.

Vuelco en los tribunales 

Durante el periodo en que ha permanecido en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, Uribe siguió opinando en las redes sociales sobre política nacional, pero renunció a su escaño al Senado, con lo cual el caso que lo enfrenta al senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), dio un vuelco en los tribunales.

La primera consecuencia de esa decisión fue la pérdida del fuero con lo cual su caso pasó de la Corte Suprema -donde según el uribismo su líder es objeto de persecución política- a la Fiscalía, lo que a su vez conllevó un cambio de la ley por la cual se regirá el proceso.

El cambio de la Ley 600 del año 2000 a la Ley 906 de 2004 fue el argumento de la defensa, apoyado por la Fiscalía, para pedir la libertad del expresidente, y rechazado a su vez por Cepeda, contraparte del proceso, cuyos abogados apelaron el fallo de la jueza Salcedo.

Críticas de la contraparte 

Cepeda retomó hoy las críticas al fiscal Gabriel Jaimes, encargado del caso desde el mes pasado, pues considera que no va a dar "ninguna garantía" en el proceso y favorecerá la impunidad de Uribe.

Desde que Jaimes fue asignado al proceso, Cepeda considera que no será imparcial en su función de fiscal, críticas que reforzó después de que en la audiencia el funcionario se posicionara a favor de conceder la libertad del expresidente y criticara la actuación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que fue la que ordenó la detención domiciliaria de Uribe.

"La estrategia del fiscal Gabriel Jaimes en el proceso Uribe quedó absolutamente clara: anular las principales pruebas por supuesta ilegalidad, intentar evitar que se llegue a la imputación y menos a la acusación. Se ha convertido en el guardián de la impunidad del exsenador Uribe", escribió Cepeda en redes sociales.

El caso que los enfrenta comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente.

EFE